El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y la Diputación de Barcelona

No es para dar saltos de alegria pero las dos últimas medidas adoptadas por un lado por el Gobierno central y por otro por la Diputación de Barcelona podrian dar un poco de aire a las malogradas finanzas de los municipios catalanes.

El Estado, mediante la aplicación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, ofrece  un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores basado, según aprobación por parte del Consejo de Ministros este pasado  viernes, en la refinanciación de la deuda, por un plazo de 10 años, con 2 de carencia durante el cual solamente deben pagarse intereses. Su importe ascenderá a 20.000 millones para las entidades locales.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto a disposición las instrucciones para cumplimentar el “Formato de ficheros de carga masiva de proveedores y  facturas” para que las Corporaciones Locales puedan comenzar a trabajar en este tema en espera de que el próximo miercoles la Comisión Nacional de Administración Local comunique a las Entidades Locales la operativa del mecanismo de financiación. Recordemos que la fecha límite para remitir, via telematica y con firma electrónica, las obligaciones pendientes de pago (con identificación del contratista, importe, fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no el trámite judicial) es el próximo dia 15 de marzo.

Por otro lado, el acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona permitirá poner al alcance de los municipios de la demarcación de Barcelona, un total de 200 M de euros con un máximo por munipio entre 4 y 5 M de euros. Este Fondo Extraordinario de Ayuda Económica a los Ayuntamientos servirá para inyectar liquidez a las Corporaciones Locales con el objetivo de que puedan disponer de efectivo para hacer frente al pago de deudas con los proveedores. Este fondo esta previsto que pueda solicitarse durante el mes de abril.

Se espera por tanto, que durante el mes de mayo próximo, entre ambos mecanismos los municipios catalanes puedan hacer frente a una parte de sus deudas con los proveedores aún a costa, en el primer caso, de un préstamo con unos intereses poco alentadores.