No es para dar saltos de alegria pero las dos últimas medidas adoptadas por un lado por el Gobierno central y por otro por la Diputación de Barcelona podrian dar un poco de aire a las malogradas finanzas de los municipios catalanes.
El Estado, mediante la aplicación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, ofrece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores basado, según aprobación por parte del Consejo de Ministros este pasado viernes, en la refinanciación de la deuda, por un plazo de 10 años, con 2 de carencia durante el cual solamente deben pagarse intereses. Su importe ascenderá a 20.000 millones para las entidades locales.
